Para renovar el sistema tributario de México, la OCDE expuso algunas recomendaciones, resaltando los avances, pero además marcando áreas importantes para reforzar más el manejo fiscal. En el informe anual, se sugirió que el país tenía que adoptar medidas extras para eludir la erosión de la base gravable y el traslado de utilidades, puntos importantes para el combate contra la evasión fiscal.
Iniciativas para frenar la evasión fiscal
A pesar de que México ha realizado avances importantes en la disminución de la evasión fiscal y en el mejoramiento de la transparencia, la OCDE cree que es necesario esforzarse un poco más. Su recomendación se dirige hacia la alineación del sistema tributario con los estándares internacionales, lo que va a contribuir a parar las evasiones de las corporaciones multinacionales. Esto abarca ciertas medidas como la creación de un impuesto mínimo a las empresas tecnológicas, como por ejemplo, el G-7.
Impuestos mínimos para las empresas tecnológicas
Desde el año 2021, el G-7 expuso la realización de un impuesto a las grandes empresas tecnológicas como Amazon, Facebook, Apple y Google, que trabajan sin tener personal presente, pero que producen ganancias relevantes en todos los países. Nuestro país está apoyando esta iniciativa, considerando que puede obtener hasta 30,000 millones de pesos extras anualmente. Esta iniciativa buscará incrementar la recaudación y asegurará una competencia fiscal más ecuánime.
En el informe, la OCDE resalta la importancia del mercado de capital para el desarrollo económico. México se está enfrentando al atraso en la inclusión financiera, con una mínima penetración de servicios comparado con otros países. Para aumentar estos casos, la organización recomienda adoptar soluciones digitales para facilitar el acceso a los servicios financieros, particularmente en áreas informales.
Por último, la OCDE sostuvo su pronóstico del incremento económico para el país en 1.2% para el año 2025, muy por debajo de las estimaciones que dio el gobierno federal. Este mínimo aumento lograría el impacto de la capacidad del país para costear el presupuesto, lo que reflejaría la necesidad apremiante de optimizar el gasto público y fortalecer su recaudación.
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