Un grupo de trabajadores del Poder Judicial Federal en Jalisco ha iniciado una campaña para evitar que los jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular. A través de la recolección de dos millones de firmas, buscan promover una consulta popular que permita a los ciudadanos decidir si están de acuerdo con esta modalidad de selección.
La principal preocupación y una meta objetiva
La preocupación radica en la falta de filtros para garantizar la experiencia y conocimientos de los futuros jueces. Según los organizadores de la campaña, la reforma judicial actual no establece los requisitos necesarios para asegurar que los mejores candidatos ocupen estos cargos y temen que la elección popular pueda llevar a que personas sin la preparación adecuada lleguen a los juzgados, lo que podría afectar la impartición de justicia.
La meta es reunir dos millones de firmas para obligar al INE a realizar una consulta popular. Para lograr este objetivo, se han instalado módulos de recolección de firmas en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, como universidades, plazas públicas y eventos culturales. De acuerdo con la ley, si se logra reunir el 2% de la lista nominal de electores, el Instituto Nacional Electoral estará obligado a organizar una consulta popular.
¿Cómo es la campaña?
La campaña cuenta con el respaldo de diversas organizaciones de la sociedad civil y de miembros del Poder Judicial como: abogados, jueces y magistrados, que se han unido a esta causa, convencidos de que la calidad de la justicia en México está en juego.
Los promotores de la iniciativa (como muchos otros que no están en ella) argumentan que la designación de jueces y magistrados debe basarse en criterios objetivos como la experiencia, el conocimiento jurídico y la trayectoria profesional, ya que consideran que la elección popular podría politizar la justicia y poner en riesgo la independencia judicial.
La pregunta que se plantearía a los ciudadanos es si prefieren que los jueces sean elegidos por voto popular o mediante un proceso de selección basado en méritos, esperando que la mayoría de los ciudadanos se opongan a la elección popular y que, de esta manera, se pueda revertir la reforma judicial actual.
