El Congreso de Jalisco aprobó recientemente las tablas de valores catastrales y las leyes de ingresos para 110 municipios, incluyendo las de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Esta decisión, respaldada por una amplia mayoría de los diputados, permitirá a los ayuntamientos actualizar sus ingresos para el año 2025. Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de polémica, ya que algunos legisladores expresaron su preocupación por los posibles impactos de estos incrementos en los ciudadanos.
Uno de los principales puntos de controversia fue el aumento de las tablas de valores catastrales en el municipio de Guadalajara, que según algunos diputados podría llegar hasta un 90%. Este incremento, sumado a los aumentos registrados en los últimos años, generaría un aumento significativo en el impuesto predial para los ciudadanos.
El debate
El diputado José María Martínez, de Morena, argumentó que este incremento desproporcionado afectaría principalmente a los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, la diputada Celenia Contreras, presidenta de la Comisión de Hacienda, aseguró que los aumentos promedio son más moderados, entre 5 y 10%.
Contreras explicó que las propuestas de aumento en las tablas de valores catastrales son presentadas por los propios ayuntamientos y que el Congreso únicamente tiene la facultad de aprobarlas o rechazarlas. Reconoció que en algunos casos, como el de Tonalá, los incrementos en los predios rústicos son más significativos.
Por otro lado, el diputado Enrique Velázquez, de Hagamos, se opuso a algunos artículos de las leyes de ingresos de varios municipios relacionados con las tarifas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Velázquez argumentó que estos artículos permitirían al SIAPA incrementar las tarifas de agua potable en el futuro, lo cual consideró una simulación y un engaño a los ciudadanos.
La aprobación de las tablas de valores catastrales y las leyes de ingresos para 2025 en Jalisco ha generado un debate sobre el impacto de estos incrementos en la economía de los ciudadanos. Mientras algunos legisladores expresan su preocupación por los posibles efectos negativos, otros argumentan que estos ajustes son necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera de los municipios.
