AT&T paga 17 millones de dólares para operar la banda de 850 MHz en Guadalajara

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AT&T se encuentra en el centro de atención tras la decisión del gobierno federal de exigirle una contraprestación de 350 millones de pesos (equivalente a 17.2 millones de dólares) por el uso de la banda de 850 MHz en Guadalajara. Este monto en el contexto de la renovación de cuatro concesiones que permitirán a la empresa continuar operando en esta importante región, así como en varias localidades de otros estados.

AT&T paga 17 millones de dólares para operar la banda de 850 MHz en Guadalajara
AT&T paga 17 millones de dólares para operar la banda de 850 MHz en Guadalajara

La cifra solicitada a AT&T para operar en Guadalajara es considerablemente más alta que las tarifas impuestas en otras regiones, siendo aproximadamente 2.5 veces superior a lo que se ha fijado para estados como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Esto pone de manifiesto la relevancia del mercado tapatío dentro del sector de telecomunicaciones, donde la demanda por servicios móviles sigue creciendo.

Detalles sobre las concesiones

Las concesiones renovadas permiten a AT&T utilizar frecuencias en las bandas de 800 MHz y 850 MHz, que anteriormente pertenecieron a las compañías Iusacell y Nextel. Estas bandas son esenciales para la cobertura amplia que ofrecen, facilitando el acceso a tecnologías avanzadas como 4G y 5G. Con estas renovaciones, AT&T asegura su capacidad para atender a un gran número de usuarios en Guadalajara y otras localidades.

Comparación con otras regiones

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha establecido que el total que AT&T debe pagar por operar en diversas entidades asciende a 532 millones de pesos (aproximadamente 26.2 millones de dólares). Sin embargo, el costo específico para Guadalajara resalta la importancia económica y estratégica de esta área, donde se espera que los servicios móviles continúen expandiéndose.

Al final, el precio del espectro radioeléctrico en México es notablemente más alto que el promedio internacional, lo que ha suscitado críticas sobre la política tarifaria del gobierno. La Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados regulan estos costos anualmente, lo que influye directamente en las decisiones comerciales de las empresas operadoras.

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